11 de mayo de 2018
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Son profesionales, ha estudiado el caso con detención y rigor durante años, han escuchado a numerosos testigos; su opinión, no es una opinión más, se convierte en decisión con implicaciones reales: se juegan con ella prestigio, consideración profesional; tiene además consecuencias de amplio relieve para otras personas; y además están obligados a emitir juicio, que se convierte en sentencia.
Se produce reacción contraria masiva y airada; muy aireada en los medios de comunicación social, en la calle, de quienes no han estudiado el caso; y menos con la minuciosidad de los profesionales; y desconocen la ley en la que se basa la sentencia.
¿Se ha de estar de acuerdo con la decisión final de unos jueces? No hay por qué. ¿Qué hacer ante el desacuerdo? Pedir explicaciones, es decir, razones por las que se llegó a la “incomprensible” sentencia. Más que gritar, tratar de informarse.
¿Se sabe distinguir entre la ley y la sentencia que se ajusta a la ley? Si la sentencia disgusta habrá que ir contra la ley en que se sustenta, no quienes contra quienes han juzgado de acuerdo con la ley. Sería el momento de pedir modificar la ley. Siempre aportando razones, no eslóganes. Las leyes son para cumplirlas, pero también para ser cambiadas, si se ve que no se ajustan a derecho. Sobre eso es lo que hay que insistir: con razones, no con clamores.
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